Los cuerpos que la violencia del Estado se llevó

Fuerza pública, paramilitares y grupos posdesmovilización, responsables de la desaparición forzada de al menos 18.750 personas, según los casos documentados e identificados, entre 1970 y 2015, por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El desaparecido muere cada día de distinta manera. Sus familiares viven en una especie de luto permanente, hay un dolor que siempre está de vuelta, que no los abandona.

En Colombia las familias de 60.630 hombres y mujeres desaparecidos de manera forzada, han tenido que vivir con la angustia de no saber qué suerte corrieron sus hijos, hermanas, padres, madres, tíos, primos. Es de tal magnitud la tragedia, que sería como si un día en el que juega la selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desaparecieran a todos los hinchas que fueran a ver el partido.

Según el CNMH de ese grupo de desaparecidos se ha podido tener información de 8.122 personas, es decir, solo el 13,3% de familias han podido consumar su duelo y acabar con la incertidumbre, mientras que los familiares de 52.508 víctimas aún siguen aferrados a la esperanza de que un día su ser querido vuelva a casa o por lo menos encontrar una respuesta que alivie en algo su dolor.

Los responsables

De acuerdo con el padre jesuita Javier Giraldo, quien ha sido investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en el conflicto armado el Estado, desde la década del 60, sería responsable por las acciones cometidas por agentes directos, es decir, la fuerza pública, y por agentes indirectos como los grupos paramilitares, quienes fueron “apoyados, a veces armados, incentivados y al menos tolerados por el Estado. Tal vez es el mayor apoyo que se les pudo prestar fue no perseguirlos, no judicializarlos”.

Dado que la responsabilidad estatal es de doble vía, como lo explica el padre Javier Giraldo, el Estado sería el mayor responsable de lo que el CNMH considera como de los crímenes más atroces cometidos en los más de 50 años de conflicto armado.

La investigación adelantada por el CNMH logró identificar el autor en 29.285 de las desapariciones. Los paramilitares son el grupo que más crímenes ha cometido, se les atribuyen 13.562 víctimas (46,1%), las guerrillas 5.849 (19,9%), los grupos posdesmovilización 2.598 (8,9%), agentes del Estado 2.368 (8%), en acciones entre paramilitares y agentes del Estado 222 (0,8%), mientras que 4.686 (15,9%) de los casos no se identifica al grupo armado. Esas cifras indicarían que al Estado, por su acción directa o indirecta, se le podrían atribuir 18.750 (64%) de los casos.

Así se implantó la desaparición forzada en Colombia

Ese crimen es consecuencia de la devastadora estrategia de lucha antisubversiva que en América Latina implantó Estados Unidos a través de la Doctrina de Seguridad Nacional y que cada Estado aplicó para eliminar al “enemigo interno”, y así detener el avance del comunismo.

Este fenómeno llegó a Colombia en la década de los setenta y se afianza con las declaraciones de Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad Nacional (1978 – 1982) que concedió a las Fuerzas Militares un poder que despejó el camino para que la fuerza pública perpetrara crímenes “bajo el argumento de la búsqueda de la seguridad nacional frente a la amenaza comunista”, como lo menciona el informe del CNMH.

Esa macabra práctica, en la que el perpetrador busca no dejar huella, ni rastro de su autoría para que la impunidad se imponga, ha hecho blanco en los cuerpos de líderes sociales, sindicales, estudiantes, militantes de partidos de izquierda, defensores de derechos humanos, así como a aquellos que denuncian e investigan los casos para que no queden en el olvido.

Las consecuencias de la consumación de la violencia sociopolítica no pueden ser peor. La cifra de desaparecidos en Colombia hace que el país ocupe un deshonroso primer lugar en Sudamérica, superando con creces los casos que se produjeron en las dictaduras militares de Argentina, Chile y Uruguay.

Mientras la suma de desaparecidos de los tres países del Cono Sur es de 33.800, en medio siglo de democracia en Colombia la cuenta va por 60 mil y lo peor es que aún se siguen contando víctimas.

La primera víctima

El nombre de Omaira Montoya Henao encabeza la larga lista de mujeres y hombres que salieron un día de sus casas y nunca pudieron regresar. El 9 de septiembre de 1977 agentes del F2 de la Policía detuvieron en Barranquilla a Omaira para luego borrar su rastro, es así como su nombre aparece como el primer caso que se hizo público y quedó registrado oficialmente como desaparición forzada, uno de los 60 mil nombres sin cuerpos que en medio siglo han quedado sepultados en ríos, mares, bajo tierra o convertidos en cenizas en los hornos construidos por paramilitares para desaparecer cualquier vestigio de su humanidad, así fue como la barbarie hizo de Colombia una fosa común.

Debieron pasar 23 años, desde el primer caso registrado para que la lucha de los familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos lograra que la desaparición forzada fuera tipificada como delito mediante la Ley 589 de 2000.

Si bien la Ley 589 creó mecanismos como la Búsqueda Urgente, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional de Desaparecidos, para Gloria Gómez, secretaria general de la Asociación de Familiares Detenidos - Desaparecidos (Asfaddes), 17 años después de haber sido decretada la ley no ha sido eficaz porque “desafortunadamente no hay una voluntad ni un compromiso en las entidades estatales en la aplicación a favor de las víctimas”.

Al drama de quienes no descansan en la búsqueda de sus familiares se le ha sumado el desinterés de las instituciones del Estado por hallar pistas de los desaparecidos así como las investigaciones que lleven ante la justicia a los perpetradores, esa desidia, como señala el informe “Hasta encontrarlos”, ha permitido “consumar la desaparición y así garantizar el triunfo del propósito criminal: desaparecer a la persona, eliminar su rastro e impedir su hallazgo; causar daño intenso y duradero a las familias, allegados y comunidades; invisibilizar el hecho y así lograr la impunidad”.

Nueva búsqueda

El sueño de encontrar a sus desaparecidos ha sido la fuerza que les ha permitido a los familiares no retroceder ni un solo milímetro en ese vasto territorio de lucha contra la impunidad.

Acostumbrados a que los mecanismos que existen para buscar a los desaparecidos no funcionan, en el caso de Asfaddes existe la expectativa que lo acordado en La Habana pueda servir en lo que más desean: “lo primordial para nosotros y nosotras es encontrarlos y saber la verdad y por supuesto erradicar la desaparición forzada. La verdad es una posibilidad de empezar a entender pero también para cicatrizar las heridas”, es lo que espera Gloria Gómez que suceda en el proceso de posacuerdo.

Durante cuatro años de negociación entre las Farc y el gobierno se planteó que las víctimas son el centro de los acuerdos. Sin embargo, la secretaria general de Asfaddes llama la atención sobre el hecho que en el decreto 589 de 2017, con el que la presidencia crea la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, “no quedó claro, ni especificó la participación efectiva de las víctimas. Nosotros habíamos planteado y seguimos insistiendo que sin las víctimas no es posible avanzar ni concretar resultados”.

Los familiares de las víctimas de la desaparición forzada tienen ahora una carta más de navegación para seguir remando en ese mar de incertidumbres, dolores y angustias. Esperan poder llegar a un buen puerto donde puedan encontrar la información que les permita hallar los cuerpos de los nombres que no han sido olvidados.

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