Radiografía de las consultas populares

Si las consultas populares en Colombia fueran un partido de fútbol, los ciudadanos le estarían ganando por goleada a los grandes proyectos mineros y petroleros. Hasta el momento el marcador va 7 a 0, pero puede seguir aumentando porque a las comunidades aún les queda tiempo por jugar con las consultas que están pendientes.

Aunque en el 2017 por todo el país hay un “boom” de consultas populares, no es la primera vez que en Colombia se utiliza este mecanismo para escuchar la voz de los ciudadanos a través de las urnas. Desde que en 1994 se estableciera a través de la Ley 132 la normatividad sobre los mecanismos participación ciudadana, se han realizado alrededor de 40 consultas populares.

En la búsqueda de fortalecer el sistema democrático, la Constitución Política de 1991 estableció que Colombia sería una República democrática y participativa, por eso se instituyó la participación de la ciudadanía a través de dos mecanismos: La representación y la participación directa.

La particularidad de las recientes consultas radica en el hecho de que las comunidades hayan comprendido las posibilidades que les brinda el juego democrático colombiano y estén utilizando sus mecanismos para defender su territorio, el medio ambiente y el agua de los grandes proyectos de exploración y explotación de minería e hidrocarburos adelantados por multinacionales como AngloGold Ashanti, EmeraldEnergy, Petroseismic Services S.A, Sandor Capital y ConocoPhillips.

Si bien la Asociación Colombiana de Petróleos ha reconocido que los resultados de las consultas populares no son vinculantes para las actividades y proyectos mineroenergéticos que están ya en marcha, no deja de preocuparles que estén pendientes “44 iniciativas de consultas populares”, según expresaron en un comunicado en el que también afirman que estas son “una seria amenaza para la seguridad jurídica de la industria”.

El extractivismo, la explotación de los recursos naturales del país, son la estrategia que el Estado colombiano ha puesto en marcha pues de ahí se saca entre un 35% y 40% de los recursos de inversión pública según lo expresado por el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes, en un foro sobre minería. Sin embargo, la pregunta que sigue rondando es ¿A qué precio?

Después de décadas en las que se han realizado proyectos extractivistas, estos parecieran que no convencen a las comunidades que hoy, en diversas zonas del país, están pasando la cuenta de cobro a las promesas de desarrollo que debieron llegar a la par que las multinacionales obtienen sus ganancias.

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