Prisioneros políticos de las Farc en Tolima, Huila y Quindío no levantarán huelga de hambre hasta qu
- Por Redacción LadoB
- 30 jun 2017
- 3 Min. de lectura
Familiares de guerrilleros prisioneros y organizaciones sociales realizaron en Ibagué un plantón para exigir la implementación de la Ley 1820 de Amnistía e Indulto.
Si los jueces concedieran la libertad con la misma rapidez con la que envían las personas a la cárcel, Jhojan Vargas no tendría por qué haberse parado en la entrada del Palacio de Justicia de Ibagué a gritar pidiendo por la libertad de su mamá, detenida en la cárcel de máxima seguridad Coiba de Picaleña.
Con un cartel que decía: “Por favor quiero a mi mamá fuera de la cárcel. Le suplico al gobierno que le de la libertad. Me siento huérfano”, Jhojan se unió al plantón que pedía no sólo la libertad de su mamá Marleny Vargas sino de 2.400 prisioneros políticos que se encuentran encerrados en 19 cárceles de Colombia a la espera de ser cobijados por la Ley de Amnistía e Indulto.
Han pasado seis meses desde que en el Congreso de la República aprobaron la Ley 1820 como parte de los compromisos del Gobierno para implementar el Acuerdo de Paz. Desde entonces, los guerrilleros y guerrilleras de las Farc que están tras las rejas cuentan los días para volver a casa con sus familias o como en el caso de Marleny, estar de regreso con su hijo y su mamá después de 22 meses alejada de ellos.
Prisioneros políticos de las Farc en huelga
Al menos unos 1.500 guerrilleros y guerrilleras permanecen en huelga de hambre desde el 26 de junio, incluso varios de ellos han cosido sus bocas como protesta ante el incumplimiento del Gobierno. Los prisioneros políticos han manifestado que seguirán en huelga hasta que el Gobierno cumpla con lo pactado en La Habana.
A través de un video difundido por redes sociales, Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor de las Farc, dio a conocer al país que se declaraba en huelga de hambre en solidaridad con los 2.400 prisioneros a quienes los jueces no les han definido su situación jurídica.
Santrich le contó a LadoB Prensa que se unió a la protesta porque “no hay compromiso del Estado, aquí solamente lo que hay son promesas del Gobierno pero no hay acciones prácticas, claras, directas que resuelvan esta problemática”. El líder guerrillero manifestó que se mantendrá en huelga de hambre en solidaridad con sus camaradas “hasta que sea liberado el último prisionero o prisionera”.
La falta de celeridad para otorgar libertad a los miembros de las Farc se debe en parte a que ni el Alto Comisionado para la Paz, ni el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz han recogido todas las actas que certifican que los detenidos sí pertenecen a esa guerrilla.
La explicación de los atrasos también se debe, según William Acosta, abogado y defensor de derechos humanos de la Corporación Semilla y Memoria, a la “negativa y la intransigencia por parte de los jueces y fiscales de otorgar los beneficios cuando se les han radicado solicitudes”.
En Tolima, Huila y Quindío, explicó Acosta, han recobrado la libertad alrededor de 270 prisioneros de 700 que atiende la Corporación, es decir, que 430 siguen pendientes de que el Gobierno les resuelva su situación. Son estas circunstancias las que hasta el momento tienen en el Tolima en huelga indefinida de hambre a más de 100 guerrilleros detenidos en la cárcel de Coba de Picaleña. La situación se ha tornado tensa para quienes adelantan la protesta ya que la guardia del INPEC los ha amenazado con castigarlos con calabozo o aislamiento si no levantan la huelga.
De Igual manera en todo el país 832 personas vinculadas a las Farc han sido amnistiadas o indultadas, lo que quiere decir que solo un 25% se han visto beneficiados con los acuerdos pactados entre las Farc y el Gobierno.
Para muchos de los que aún permanecen privados de la libertad su situación es más compleja porque se encuentran en grave estado de salud, como el caso de José Mesías Cruz Ruiz a quien unas heridas de guerra lo dejó en condición de discapacidad extrema, en casos así, afirma Acosta, la libertad debería haberse otorgado por razones humanitarias.
Después de haber cumplido con el proceso de dejación de armas, las Farc esperan que el Gobierno genere las condiciones que hagan viable la implementación de los acuerdos y así posibilitar la construcción de una paz estable y duradera para los colombianos.
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