¿Le hicieron conejo a las víctimas con los cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

En su paso por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República, al acto legislativo presentado por el Gobierno para crear la JEP se le hicieron 83 cambios fruto de las proposiciones hechas por los congresistas. “Aquí hemos aceptado muchas propuestas de fondo que han modificado el acto legislativo”, reconoció el ministro del Interior Juan Fernando Cristo momentos antes de iniciar las votaciones que aprobarían el proyecto que será introducido en el ordenamiento jurídico.

La Jurisdicción Especial para la Paz fue uno de los puntos que mayor tiempo de discusión les tomó a los negociadores de las FARC y Gobierno en La Habana y que una vez concertado dio paso al Acuerdo Final. Por eso ha sido uno de los acuerdos “de mayor interés, pero también de preocupación para las partes”, como lo expresó el abogado Diego Martínez, uno de los asesores del grupo insurgente en temas jurídicos.

Tras cuatro debates, 30 horas de trabajo legislativo, un Capitolio Nacional que por momentos estuvo a punto de convertirse en cuadrilátero, la propuesta para crear el mecanismo judicial clave en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entró siendo una y salió siendo otra.

Los cambios no dejan de generar molestia en las FARC porque las modificaciones hechas se apartan del acuerdo de La Habana, que ya había sido refrendado el pasado 30 de noviembre de 2016 por los congresistas, quienes “hoy están permitiendo proposiciones sorprendentes”, comentó Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor de las FARC, quien agregó que dicha situación “no es aceptable por parte de quienes estamos en este proceso para efectos de implementación”.

Para Santrich hay puntos que causan decepción como el que condiciona la posibilidad de que algunos miembros de esa guerrilla puedan postularse a cargos de elección popular. Según el líder guerrillero, “lo que se aprobó coloca cosas muy milimétricas para entrampar la elegibilidad de la insurgencia”, tema que en cuatro años de negociación fue clave para garantizar la participación política de los excombatientes una vez termine el proceso de dejación de armas.

Entre las 83 modificaciones hechas por algunos congresistas y que fueron avaladas por el Gobierno, quedó la del senador de Cambio Radical, Germán Varón, quien propuso una especie de blindaje para aquellos que participaron en el conflicto armado como financiadores a quienes, con los cambios, ahora tienen la posibilidad de comparecer de manera voluntaria ante la JEP.

Al respecto el abogado y asesor jurídico del equipo negociador de las FARC, Diego Martínez, considera que “ningún sistema judicial puede ser voluntario, todos los sistemas judiciales son coercitivos”. Martínez resaltó que esta propuesta refleja la “intención de muchos sectores del congreso sustraerse a las investigaciones que pueda hacer la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Ese cambio de última hora tampoco está consignado en el Acuerdo de Paz que se firmó por segunda vez en el Teatro Colón de Bogotá, fue calificado por Santrich como “algo ridículo” toda vez que “a la jurisdicción van quienes son llamados porque han incurrido en victimizaciones dentro de todo el conflicto y ahí perfectamente pueden caber militares, guerrilleros o civiles, agentes del Estado o no agentes del Estado porque hay muchos financiadores de la guerra sucia, muchos atizadores financiadores de este conflicto que tienen más responsabilidad incluso que los mismos militares”.

Con esta reforma se debilita la responsabilidad de los civiles o terceros en la medida que, como lo afirmó el senador Iván Cepeda, “se excluyó la financiación del paramilitarismo como un hecho que deba ser investigado inmediatamente por la Jurisdicción Especial para la Paz”. Según los cambios los terceros deberán comparecer en la JEP primero, si hay las suficientes pruebas para llamarlos y segundo si estos están involucrados en violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario.

Cuando a Santrich se le pregunta sobre las modificaciones, identifica como una de las principales “una especie de jurisdicción especial paralela destinada a beneficiar a los militares”.

Las críticas que Santrich hace son producto de la reforma en la que los militares no deberán responder por su responsabilidad en la cadena de mando, es decir que un militar de alto rango no será juzgado si no tenía un “control efectivo sobre la conducta” de los subalternos que cometieron crímenes. En este punto la reforma desconoce el artículo 28 del Estatuto de Roma que estipula que un jefe militar es penalmente responsable de los crímenes de las personas bajo su mando si este contaba con información para evitar esos actos.

El problema que trae consigo esta modificación podría ser para los propios militares, toda vez que si la justicia colombiana no opera y castiga la responsabilidad de mando, entonces sería un tema de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), con lo cual aquellos responsables de crímenes como los falsos positivos podrían ser solicitados por la CPI.

Los cambios hechos por algunos congresistas, no solo modifican el proyecto presentado por el Gobierno, sino también el Acuerdo Final, lo que pareciera ser un coletazo del huracán plebiscito del que aún se siguen viendo las consecuencias.

Con lo que pasó en el Congreso en el ambiente queda la sensación como si las negociaciones de La Habana aún continuaran, solo que esta vez las FARC no tienen voz y mucho menos voto.

Por el momento hay que esperar el texto final, por el que el pasado 13 de marzo 61 congresistas votaron a favor y dos en contra, para conocer a ciencia cierta cuáles fueron los cambios y lo más importante, saber que implicaciones tienen.

Lo cierto es que el documento ahora deberá ser revisado por una comisión de conciliación debido a que el texto avalado en Cámara presenta diferencias con el aprobado en el Senado. Una vez haya conciliación pasa a sanción presidencial y por último la Corte Constitucional lo tendrá en sus manos para revisar si el contenido se ajusta o no a la Constitución.