Cuatro asociados a Astracatol beneficiados por Ley de Amnistía e Indulto

El Juez Único Penal del Circuito de Purificación precluyó el proceso que por rebelión se adelantaba contra los integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol).

La decisión fue tomada por el juez luego que el equipo de abogados de la Corporación Semilla y Memoria, que atiende prisioneros políticos en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío, solicitara al fiscal que a los imputados se les concediera la Amnistía de IURE que, en el marco de la Ley 1820, cobija a quienes hayan incurrido en el delito político de rebelión y sus conexos.

Como parte del proceso penal que se adelantaba en contra de Mesías Herrera, Mayid Arley Rivera, Omar Ordóñez y Florentino Salazar se tenía prevista para el 24 de febrero una audiencia de juicio oral. Sin embargo, a través de un oficio “la Corporación Semilla y Memoria hizo la solicitud que en vez de juicio oral se hiciera una audiencia de preclusión de la investigación”, explicó el abogado William Acosta Mendez.

Para la defensa de los sindicados en el momento político del país, luego del proceso de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno, no tenía sentido que se siguiera con la acusación por rebelión ya que este delito se encuentra dentro de los que deben ser amnistiados.

Los cuatro miembros de ASTRACATOL fueron favorecidos por la Ley 1820, más conocida como la Ley de Amnistía e Indulto, la primera de la implementación del Acuerdo de Paz en ser aprobada por el Congreso el 28 de diciembre de 2016. Mediante esta ley se reglamenta la amnistía a la que tienen derecho aquellas personas acusadas de pertenecer o colaborar con las FARC y que hubiesen cometido delitos, en el desarrollo del conflicto armado, como rebelión y conexos como asonada, sedición, conspiración, espionaje, tenencia de armas etc.

A lo largo de 52 años de conflicto armado han sido cometidos delitos como los de lesa humanidad que no son cobijados por la amnistía de IURE. Para quienes hayan cometido ese tipo de actos, tanto de las fuerzas militares como guerrilleros, el Acuerdo de Paz establece que esos casos serán llevados a la Jurisdicción especial para la Paz (JEP) donde se analizarán y se definirá la situación jurídica de esos procesos.

Según Acosta, en Tolima, Huila y Quindío a 500 procesos judiciales les será aplicada la Ley de Amnistía e Indulto, sin embargo el abogado de la Corporación Semilla y Memoria aclaró que no todos los casos aplican para la amnistía de IURE sino que algunos entrarán a la Jurisdicción Especial para la Paz donde se definirá su situación.

Una asociación perseguida

A los miembros de la asociación campesina se les adelantaba una investigación desde el 2015 en la que se les acusaba de pertenecer supuestamente a las redes de apoyo al terrorismo del Frente 25 de las FARC-EP que operaba en el oriente del Tolima, caso que fue considerado por la defensa como un montaje judicial. Sin embargo, los acusados no recluidos en establecimiento penitenciario y, pese a que en un principio sobre ellos existía una orden de captura, estos acudieron de manera voluntaria ante la Fiscalía la cual nunca les dictó medida de aseguramiento al tener en consideración la buena fé de los imputados y que no presentaban antecedentes judiciales.

La noticia fue bien recibida por Antonio García, presidente de ASTRACATOL, para quien después de tantos años de señalamientos, amenazas y persecuciones por parte del Estado se “está reconociendo que nuestra asociación es digna de defender los derechos de los campesinos”.

Según García, desde el 2007 cuando fue creada la Asociación de Trabajadores campesinos del Tolima (ASTRACATOL) la persecución por parte de la fuerza pública ha sido una constante, en múltiples ocasiones han señalado a los miembros de la asociación como guerrilleros, acusación que los ha hecho objeto de amenazas, detenciones arbitrarias, de asesinato de siete miembros de las subdirectivas y de afiliados, así como también tres atentados en contra de sus líderes.

La suspensión del proceso que por rebelión se le adelantaba a los cuatro miembros de ASTRACATOL coincide con la expedición del decreto 277 de 2017 mediante el cual se define la ruta para aplicar la Ley de Amnistía e Indulto (Ley 1820 de 2016). La Ley, que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 30 de diciembre, dice que “se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz”. Sin embargo, son pocos los casos a los que se les ha concedido la amnistía a las personas acusadas de pertenecer a las FARC o colaborar con esta guerrilla.

Durante la Cumbre Mundial de Nobeles de Paz, Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, criticó la falta de celeridad en la aplicación de dicha ley y dijo: “Necesitamos cumplimiento. Hace un mes fue aprobada la ley de amnistía, una amnistía que por ser de derecho debe ser de inmediata aplicación, pero que al no ser asumida por los jueces de ejecución de penas, en vez de traer la alegría de la libertad ha llenado de desconfianza a la insurgencia”.